1. Contacto y apertura del expediente

Objetivo: Comprender la solicitud, verificar la elegibilidad y explicar la función del trabajador social.

Conversación inicial con la persona remitente (familiar, notario, abogado o médico).

Verificación de la documentación pertinente (mandato, historial médico, diagnóstico, orden judicial, si corresponde).

Presentación del marco legal, el propósito de la evaluación psicosocial y los siguientes pasos.

Firma del consentimiento informado por la persona o su representante si ya se considera incapaz de darlo.

3. Reunión con familiares o cuidadores

Objetivo: Obtener una comprensión integral del contexto social, familiar y funcional.

Entrevistas con familiares o personas significativas (presencialmente o a distancia).

Recopilar información sobre la evolución de la condición de la persona, las preocupaciones de su entorno, la dinámica familiar y los posibles conflictos.

Aclarar las intenciones de protección: quién desea convertirse en representante, tutor, curador o agente.

5. Redacción del informe psicosocial

Objetivo: Presentar un resumen claro, objetivo y humano de la situación.

Informe estructurado en torno a:

Historia de vida y situación actual

Capacidades y limitaciones de la persona

Necesidades de protección identificadas

Deseos expresados ​​por la persona

Contexto social y familiar

Recomendaciones sobre la medida de protección adecuada (representación temporal, tutela, activación del mandato)

El informe tiene en cuenta los principios de proporcionalidad, el respeto a la autonomía residual y la legislación vigente (reforma del Proyecto de Ley 18).

2. Reunión con la persona évaluada

Objetivo: Evaluar la autonomía, la disposición y la comprensión de la situación y las necesidades de la persona.

Entrevista realizada en un entorno familiar y seguro (domicilio, residencia, centro de atención a largo plazo, etc.).

Evaluación del funcionamiento diario: gestión del dinero, cuidado personal, seguridad, comunicación e independencia residencial.

Observación de la interacción, las capacidades cognitivas y el estado emocional.

Respeto a la dignidad y escucha empática para conocer la percepción de la persona sobre su situación.

4. Análisis documental y colaboración interprofesional

Objetivo: Comparar datos para una evaluación rigurosa.

Análisis de informes de diagnóstico médico, cognitivo o psiquiátrico, si están disponibles.

Colaboración con médicos, geriatras, neurólogos o psicólogos, según corresponda.

Evaluación conjunta con el médico (dentro del marco legal prescrito) para obtener un informe coherente y complementario.

6. Presentación y archivo del informe

Objetivo: Presentar el informe a las autoridades competentes e informar a las partes.

El informe se presenta al representante (abogado, notario, familia), al médico evaluador o directamente al juzgado si es necesario.

Se podrá ofrecer una reunión informativa a la familia para explicar los hallazgos y los pasos a seguir.

Se ofrece apoyo psicosocial para facilitar la transición al nuevo régimen de protección.

7. Seguimiento posterior a la evaluación (si es necesario)

Objetivo: Garantizar la continuidad humana y profesional mediante la implementación de las recomendaciones.

Solicitar a la familia que comprenda la decisión del tribunal.

Reevaluar o actualizar la información si la situación cambia (mejora, cambio en el ciclo vital).

Apoyo durante las etapas de aceptación o familiarización, si nos sentimos cansados.

¿Por qué recurrir a un trabajador social para esta evaluación?

Enfoque centrado en la persona, centrado en el individuo y sus derechos.

Experiencia en el análisis de las relaciones sociales, la vulnerabilidad y la autonomía.

Elaboración de informes con reconocimiento judicial.

Capacidad para fomentar el diálogo familiar y aliviar tensiones en un contexto a menudo difícil.